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Los profesores que quieran ser funcionarios, se someterán tan sólo a una evaluación de sus méritos presentados. Después, una vez acreditados, podrán optar a las plazas que convoquen las universidades. Si en seis años no acceden a ninguna, entonces deberán repetir la acreditación. El tribunal respetará la confidencialidad de los datos y el secreto de las deliberaciones.
Los comités evaluadores se constituirán en diez comisiones, una por cada uno de los cuerpos docentes, para cada rama del saber: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales e Ingenierías y Arquitectura. Cada una de ellas estará integrada por siete miembros funcionarios docentes universitarios o de centros públicos de investigación. También podrán formar parte expertos de prestigio internacional.
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Todos los evaluadores serán elegidos por el Consejo de Universidades, de entre una terna presentada por la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y ninguno será de la misma institución del candidato. Se buscará que la mitad sean hombres y la mitad mujeres, pues se pide una composición «equilibrada». Los comités remitirán al candidato una evaluación previa para que pueda «contra-argumentar». Quienes sean evaluados negativamente, no podrán repetir antes de dos años (titulares) y de tres (catedráticos).
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